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Educación Financiera

30/09/2016

La reforma del sistema de pensiones en España

España con 46,0 millones de habitantes representa el 12,5% del PIB de la EU27 lo que lo convierte en el cuarto más grande de los EU8 por detrás de Alemania, Reino Unido e Italia. Su PIB per cápita en 2011 era de 22.700 e. La esperanza de vida a los 65 años es de 84,3 y la población mayor de 65 en porcentaje de la población activa es del 26,8%.

La Reforma del sistema de pensiones entró en vigor en 2013 y parte del acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que se firmó en el 2011, promulgándose a continuación la ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Con esta Ley se eleva la edad de jubilación a los 67 años en un horizonte de 15 años, hasta 2027. El derecho legal a jubilación se sitúa con carácter general en un intervalo entre 63 y 67 años, articulado de la siguiente forma:

Jubilación ordinaria. Se incorpora el concepto de carrera laboral completa ante la seguridad Social para los trabajadores que hayan cotizado 38 años y 6 meses.

La edad de jubilación de los trabajadores que acumulen la carrera laboral completa será a partir de los 65 años.  Para el resto la edad de jubilación se fija en 67 años.

El paso de 65 a 67 años se aplicará progresivamente en el periodo comprendido entre 2013 y 2027, con un ritmo de un mes por año hasta 2018 y de dos meses por año desde 2019 a 2027.

Jubilación anticipada. Con criterio general, los trabajadores podrán jubilarse de forma voluntaria a partir de los 63 años de edad con un mínimo de 33 años de cotización. El coeficiente reductor anual será del 7,5% por año de anticipo sobre la edad ordinaria de jubilación en cada caso.
Sin perjuicio de lo previsto para la jubilación anticipada en situación de crisis, no existirá ningún otro tipo de coeficiente reductor de la Base Reguladora diferente del antedicho en el párrafo anterior. 

En situación de crisis, la edad mínima podrá ser reducida hasta los 61 años. Cuando se cumpla este requisito, la jubilación podrá producirse a partir de los 61 años del trabajador con 33 años cotizados y un coeficiente reductor del 7,5% que no podrá ser inferior al 33% ni superior al 42% de la base reguladora.

Se mantendrán las condiciones de acceso a la jubilación anticipada previas a la suscripción de este Acuerdo a todas las personas con relación laboral suspendida o extinguida, como consecuencia de compromisos adoptados en expedientes de regulación de empleo o por medio de Convenios Colectivos y/o acuerdos colectivos de empresas, aprobados o suscritos con anterioridad a la firma de este Acuerdo.

Se mantendrán las condiciones de acceso de jubilación anticipada previas a la suscripción de este acuerdo a todas las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en EREs o por medio de convenios colectivos y/o acuerdos colectivos de empresa, así como decisiones de procesos concursales aprobados o suscritos con anterioridad a la firma de este acuerdo, incluso para las personas que tenga comprometida sus salida para un momento posterior a la firma del mismo.

Jubilación Parcial. Se mantiene la situación actual de jubilación parcial a los 61 años. La elevación de la cotización respecto a la situación actual, se realizará progresivamente en un periodo de 15 años desde la entrada en vigor de la reforma.

Jubilación especial a los 64 años. La actual jubilación a los 64 años desaparece en el momento de aplicación de la nueva norma.

Período de cómputo. El periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión pasará de 15 a 25 años. La elevación se realizará progresivamente a razón de un año desde 2013 a 2022.

Los trabajadores despedidos podrán aplicarse periodos de cómputo más amplios para evitar perjuicios por la reducción de sus bases de cotización al final de su vida laboral.

En caso de existir lagunas de cotización serán completadas siempre de acuerdo a la fórmula siguiente:
Las correspondientes a los primeros 24 meses con la base mínima de cotización y las que excedan de 24 meses con el 50% de la misma.

Adicionalmente, la Seguridad Social arbitrará fórmulas que reconozcan los periodos cotizados de los 24 meses anteriores al de cómputo para el relleno de lagunas de cotización, en los términos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
 
Escala de cálculo para acceder al 100% de la base reguladora de la pensión. Se modifica la escala de la pensión con los siguientes parámetros:

La escala evolucionará desde el 50% de la base reguladora a los 15 años hasta el 100% de la base reguladora a los 37 años con una estructura totalmente regular y proporcional

El paso de la escala actual a la nueva se producirá en un periodo delimitado entre 2013 y 2027.
 
Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral. Uno de los objetivos prioritarios de la reforma es hacer posible el alargamiento voluntario de la vida laboral y de las carreras de cotización de los trabajadores.

En este sentido, se establecen nuevos incentivos calculados por cada año adicional trabajado después de la edad en la que el trabajador pudiera acceder a la jubilación, 65 o 67 años según sus años de cotización:

Para las carreras inferiores a 25 años, el coeficiente será del 2% anual a partir de los 67 años de edad.

Para las carreras de cotización comprendidas entre 25 y 37 años, el incentivo a la extensión voluntaria de la vida laboral después de la edad de jubilación ordinaria será del 2,75% anual a partir de los 67 años de edad.

El incentivo será del 4% anual para los trabajadores que tengan la carrera laboral completa a partir  de los 65 o 67 años de edad.

Mujeres. Es evidente que distinguir entre carreras largas y comunes o cortas a efectos de determinar la edad legal de jubilación tendrá un impacto desigual entre hombres y mujeres:

Las mujeres que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción podrán adelantar antes de los 67 años la edad de jubilación en 9 meses por cada hijo, con un máximo de 2 años, siempre que con ese periodo adicional dispongan de un carrera de cotización suficiente para la jubilación plena entre los 65 y los 67 años. Se amplía a tres años el periodo cotizado por excedencia para cuidado de hijos
 
Jóvenes. La entrada en el mercado de trabajo se produce cada vez con más frecuencia a través de la participación de los jóvenes en programas formativos o de investigación, en algunas ocasiones sin la correspondiente protección social.

Los programas formativos, de formación profesional o universitarios, gozarán de la misma protección que los contratos formativos, con las mismas limitaciones temporales, y los entes y empresas que los financien deberán cotizar a la Seguridad Social por los beneficiaros en los mismos términos.

El factor de sostenibilidad es uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones en España. Este factor ya estaba recogido originariamente en la ley del 2011, pero posteriormente fue regulado por la Ley 23/2013 de 23 de Diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Se aplicará a partir del año 2019 y viene a añadir dos nuevas variables al cálculo de la pensión a las ya existentes actualmente, como son la edad de jubilación, los años cotizados, la cuantía cotizada, etc. 

Desde su entrada en vigor, se tendrá en cuenta al calcular la primera pensión de jubilación de los nuevos jubilados su esperanza de vida en dicho momento. A esto se le conoce como factor de equidad intergeneracional y es la primera variable. 

En base a la ley, el factor de sostenibilidad se revisará cada 5 años en función de la evolución de la esperanza de vida.  

El objetivo fundamental es que, dado que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y se estima que lo siga haciendo tanto en España como en países de nuestro entorno, los jubilados perciban a igual contribución durante la etapa como cotizantes, el mismo importe vía pensión pública de jubilación como jubilados. 

Dado que la esperanza de vida tiende a aumentar, los futuros jubilados vivirán más años como tal que los actuales jubilados. Por tanto, sus derechos cotizados durante la etapa activa deberán repartirse durante un número mayor de años, por tanto, aunque de manera global recibirán de manera equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida. Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más años. 

Será necesario esperar a la evolución definitiva de la esperanza de vida en 2019 (en ese año se tomarán como referencia el lustro 2013-2017, dejando un año de margen, 2018, para contar con datos cerrados) para tener cálculos precisos, pero se estima que en el primer año de aplicación, esta variable supondría un descuento en la pensión del 0,47%. Por tanto, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros, pasaría a cobrar 995,3 euros si lo hiciera en 2019. 

Esto supone un impacto a tener en cuenta en la planificación de la jubilación, y es que mensualmente ingresaremos menos, con lo que será necesario revisar nuestras previsiones y compromisos de gastos mensuales.
Adicionalmente a lo anterior el segundo componente del factor de sostenibilidad Implica que las pensiones solo suben si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. 

Este factor se movería entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,25%. 

Según esta fórmula, cabe la posibilidad de que los futuros jubilados cobrasen una pensión más baja que quienes se retiraron antes en las mismas condiciones, pero no verían recortada la prestación durante los años que la perciban. 

Por último, es importante destacar que este factor de sostenibilidad que entrará en vigor en España en 2019 es una fórmula que, con matices, ya se está aplicando en países de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Alemania o Austria.